Anahí Rodríguez, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), expresó su preocupación ante el anuncio del gobierno nacional sobre un aumento salarial del 6,8%, en la cual destacó que "este incremento no aborda la pérdida salarial acumulada ni mejora las condiciones generales de la educación". 

“El gobierno intenta desviar la atención y disminuir el impacto de la movilización del 2 de octubre con un ofrecimiento que fue rechazado de plano por todos los sindicatos nacionales”, señaló Rodríguez a LA GACETA.

El Gobierno aumentó un 6,8% el sueldo a los docentes universitarios pese a la negativa de los gremios

Rodríguez alertó que la propuesta del gobierno no solo es insuficiente, sino que forma parte de un plan más amplio de desfinanciamiento de la educación pública. “El presupuesto presentado para 2025 representa una amputación del 50% respecto a lo solicitado por los rectores. Esto pone en riesgo la universidad pública y se inscribe en una lógica de vaciamiento que busca avanzar hacia la privatización”, advirtió.

LA GACETA, DIEGO ARÁOZ.

Rodríguez hizo un llamado a los diputados de Tucumán, instándolos a no apoyar el veto presidencial que se discutirá en el Congreso, enfatizando que cualquier complicidad con el gobierno perjudica a la educación pública. “La situación es crítica, y es necesario que nuestros representantes actúen en defensa de los derechos de la comunidad educativa”, afirmó.

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A medida que se intensifican las protestas en diversas universidades del país, incluida la toma de instituciones en Buenos Aires, Córdoba y San Luis, Rodríguez destacó el papel del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública. “La lucha no se detuvo con la marcha del 2 de octubre; es un proceso continuo. Debemos organizarnos y mantener la presión”, subrayó.

Finalmente, advirtió que el ataque a la educación pública va de la mano con el desmantelamiento de la salud pública, y señaló que el gobierno busca privatizar no solo las universidades, sino también los servicios de salud, deteriorando así la calidad de vida de los ciudadanos. “La privatización de la educación y la salud es el fin último de este gobierno”, concluyó.